• Busca dirimir de fondo los conflictos entre vecinos, y/o la administración pública municipal.

Playas de Rosarito, B.C. 9 de mayo de 2023.- El IX Ayuntamiento de Rosarito es el único municipio en Baja California que ha incorporado la figura de Juez Cívico, como parte de la implementación del nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, a fin de mejorar la convivencia entre la ciudadanía y evitar que conflictos menores escalen a conductas delictivas o actos de violencia, informó la alcaldesa Araceli Brown Figueredo.

En este sentido, el secretario de Gobierno Municipal, José Luis Alcalá Murillo, explicó que este nuevo sistema de justicia cívica, es el conjunto de procedimientos e instrumentos de buen gobierno orientados a fomentar la cultura de la legalidad, brindando solución pronta, transparente y expedita, a conflictos comunitarios que se puedan presentar entre la comunidad y su convivencia cotidiana.

"Estoy convencido que al implementar este modelo y en coordinación con los tres órdenes de gobierno se lograrán resultados positivos porque contamos en el Gobierno Municipal, con servidores públicos mas humanos y mejor capacitados. Este modelo busca recobrar la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones”, mencionó el funcionario.

Actualmente, Playas de Rosarito es el único municipio en Baja Califoria que cuenta con esta figura de Juez Cívico, que trabaja en encontrar las razones del porqué una persona comete una sanción o delito y colabora para que no vuelva a delinquir y de igual manera, contribuye a que el infractor reconozca el daño social que causa y lo restituya a favor de |a comunidad.

Alcalá Murillo precisó que de acuerdo al artículo 12 del Reglamento de Orden y Justicia Cívica del Municipio de Playas de Rosarito, publicado en el Periódico Oficial No.83, Sección I, de fecha 15 de octubre del 2021, Tomo CXXVII, el Juez Cívico es la autoridad encargada de conocer de las infracciones por violación a los Reglamentos de Orden y Justicia Cívica, de Tránsito y Vialidad y demás ordenamientos municipales.

Del mismo modo, se encarga de calificar la legalidad de las detenciones administrativas realizadas por la policía y demás cuerpos de seguridad pública, para dirimir de fondo los conflictos entre vecinos, y/o la administración pública municipal.